Abogado de Defensa Criminal Federal en Phoenix

Si a un familiar suyo lo acaba de detener el FBI, la DEA, el HSI, ATF o el U.S. Marshals Service, usted no está enfrentando un caso ordinario. Un caso federal se investiga durante meses o años antes de que la persona se entere de que existe. Cuando finalmente hay un arresto, los fiscales federales ya tienen agentes, testigos cooperadores, escuchas telefónicas y un gran jurado listo. Cada día que pasa sin un abogado defensor experimentado cuenta en contra suya.

En Your Phoenix Attorney defendemos casos federales en la U.S. District Court for the District of Arizona — con sedes en Phoenix y Tucson — así como en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Hablamos español con nuestros clientes en cada etapa del caso, no sólo con un intérprete. Llame al 623-335-4014 las 24 horas.

Un caso federal es diferente a un caso estatal en Arizona. Es investigado por agencias federales, presentado por un Fiscal Federal de los Estados Unidos (Assistant U.S. Attorney), decidido bajo las U.S. Sentencing Guidelines y — en la mayoría de los casos serios — sujeto a mínimos obligatorios de cárcel federal que un juez no puede reducir sin ciertas excepciones específicas.

Los cargos federales más comunes que vemos en Arizona incluyen: conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína, heroína o fentanilo (21 U.S.C. §§ 841 y 846); posesión ilegal de arma de fuego por persona previamente condenada por delito grave (18 U.S.C. § 922(g)); fraude electrónico y postal (18 U.S.C. §§ 1341 y 1343); lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956); reingreso ilegal a los Estados Unidos (8 U.S.C. § 1326); y trata de personas o contrabando (8 U.S.C. § 1324).

Las penas federales por narcóticos son severas y frecuentemente incluyen mínimos obligatorios. Por ejemplo, 50 gramos o más de metanfetamina pura, o 500 gramos o más de mezcla, conllevan un mínimo obligatorio de 10 años en prisión federal bajo 21 U.S.C. § 841(b)(1)(A). Con una condena previa por drogas, ese mínimo puede subir a 15 años.

Los delitos con arma de fuego bajo 18 U.S.C. § 924(c) añaden años obligatorios que corren consecutivamente — no concurrentes — con cualquier otra sentencia. Un fraude de más de $550,000 sube significativamente el rango bajo las Sentencing Guidelines. En casos de reingreso ilegal, los antecedentes penales del acusado determinan la base del rango de sentencia.

La prisión federal no ofrece libertad condicional (parole). Un acusado cumple aproximadamente el 85% de su sentencia y solo hay ligera reducción por buena conducta. Por eso, cada nivel bajo las Guidelines importa. Un análisis correcto del Presentence Report (PSR) puede significar años menos de encarcelamiento.

• Revisamos toda la evidencia — grabaciones, escuchas, informes de agentes, transacciones controladas — antes de aceptar cualquier oferta del gobierno.
• Litigamos mociones para suprimir evidencia obtenida en violación de la Cuarta Enmienda o de las reglas de escuchas bajo 18 U.S.C. § 2518.
• Cuestionamos la aplicación de aumentos (enhancements) en las Sentencing Guidelines: rol en el delito, cantidad de droga atribuible, uso de arma, y antecedentes criminales del acusado.
• Negociamos acuerdos bajo Rule 11 con estipulaciones específicas sobre el rango de sentencia y variaciones bajo 18 U.S.C. § 3553(a).
• Cuando la evidencia lo permite, llevamos el caso a juicio ante un jurado federal.

Para clientes que no son ciudadanos estadounidenses — residentes permanentes, portadores de DACA, personas con TPS, visa o sin documentos — una condena federal casi siempre tiene consecuencias migratorias graves. Muchos delitos federales califican como aggravated felonies bajo 8 U.S.C. § 1101(a)(43), lo que provoca deportación obligatoria y prohibición permanente de reingresar legalmente a los Estados Unidos.

Bajo Padilla v. Kentucky (559 U.S. 356), su abogado defensor tiene la obligación constitucional de advertirle sobre estas consecuencias migratorias antes de aceptar un acuerdo. En Your Phoenix Attorney coordinamos la defensa penal con las consecuencias migratorias desde el primer día. A veces vale la pena rechazar un acuerdo de sentencia más corto porque ese acuerdo garantizaría la deportación. Otras veces, se puede modificar la redacción del cargo o de los hechos admitidos para preservar posibilidades migratorias.

Coordinamos defensa penal con consecuencias migratorias en cada caso. Si usted o su familiar no es ciudadano estadounidense, es crítico contratar un abogado antes de aceptar cualquier acuerdo.

• Disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana — arrestos federales no ocurren en horario de oficina.
• Consulta inicial gratis y confidencial.
• Planes de pago flexibles en la mayoría de los casos federales.
• Se habla español en cada etapa — no un intérprete traduciendo a último momento.
• Coordinación de defensa penal con consecuencias migratorias para clientes no ciudadanos.